Más de 55 familias viven en zozobra desde hace más de una década, cuando funcionarios de las administraciones del FMLN prometieron otorgarles legalmente más de 58 manzanas de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez” (ENA); una acción ilegal, ya que las tierras ubicadas en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana, en el tramo que conduce de Santa Ana hacia San Salvador, eran utilizadas para las prácticas de los estudiantes de la ENA.
“Vinieron unas personas que dijeron que eran dirigentes y formaron una cooperativa y comenzaron a vender tierras, diciendo que iban a dar escrituras y eso lo tenían como una piñata. Hubo gente que pagó más de 3,000 dólares. Estas 55 familias han sufrido diversas estafas por parte de las autoridades de gobiernos anteriores, que nunca escucharon. Ellos fueron manipulados”, dijo uno de los miembros de la directiva de la comunidad, Abel Lara.
Debido a las promesas falsas de los gobiernos del FMLN, tanto los habitantes del cantón San Andrés como estudiantes de la ENA se vieron afectados durante una década; unos sin seguridad jurídica de sus lugares de habitación, y los estudiantes sin prácticas agrícolas, lo que afectó en la calidad educativa de más de 10 promociones.
A finales del mes de noviembre, el Juzgado de Paz de San Pablo Tacachico, en La Libertad, ordenó el desalojo de las más de 55 familias que usurpan los terrenos de la ENA. El fallo judicial confirmó que las promesas de escrituración fueron falsas y que las tierras deben volver a su legítimo dueño: la ENA, para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas.
Sin embargo, la ENA, liderada por el área jurídica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y en una acción sin precedentes, desistió de realizar el desalojo inmediato, por lo que solicitó al Juzgado una prórroga de 45 días. “El objetivo es buscar una repuesta a la necesidad de vivienda que tienen estas familias que fueron estafadas. El Presidente Nayib Bukele nos ha ordenado buscar soluciones para los salvadoreños”, aseguró el Ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez.
Por ello, el MAG y el Ministerio de la Vivienda iniciaron una serie de coordinaciones para brindar una respuesta definitiva y legal a las familias; y que estas puedan ser reubicadas en otro terreno, en el que puedan contar con seguridad jurídica de escrituración y oportunidades de desarrollo productivo.
Para ello, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) se encargará de buscar un terreno que acoja a las familias afectadas y dé una respuesta definitiva a la necesidad de vivienda de estas personas.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda gestionará los servicios básicos y la construcción de una vivienda permanente, con todos los requerimientos para una vida digna.
De parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus autónomas se brindará asistencia técnica para los productores, así como semilla e insumos agrícolas para hacer de sus nuevas tierras una producción sostenible y próspera. Además, la ENA brindará becas de estudios a los jóvenes mayores de 18 años que deseen estudiar agronomía.
